La reinstalación del delito fiscal en Costa Rica operó en el año 1995 a través de la Ley de Justicia Tributaria. En esta materia existen dos ámbitos represivos: El de las infracciones administrativas (que se sancionan con sanciones pecuniarias y cierre de negocios) y el de los delitos tributarios (pena de prisión). En ambos casos se hace necesaria una adecuada defensa en la cual confluyan las especialidades en Derecho Tributario y Derecho Penal así como los conocimientos de la Ciencia Contable. De ahí la razón de ser de la multidisciplinariedad que ostenta el equipo de trabajo de la firma. El procedimiento sancionador y el proceso penal tienen una normativa especial dentro del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que obligan a actuar con más agilidad y con apego a los principios que inspiran el debido proceso constitucional. En estos casos la firma ofrece su asesoría en la preparación y seguimiento de la defensa penal en los ámbitos administrativo y jurisdiccional hasta llegar a los recursos de casación que sea necesario interponer, bien en sede contencioso administrativa (tratándose de infracciones administrativa), bien en sede penal (tratándose de delitos fiscales)